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El Gobierno español ha aprobado la nueva Ley de Vivienda, que pretende reforzar el concepto de vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución española.
La nueva ley indica, fija y define lo que se entiende por vivienda digna y adecuada. «La vivienda digna es aquella que es habitable, accesible, energéticamente eficiente y que además garantiza el acceso a los suministros básicos sin que su disfrute suponga un esfuerzo económico inasumible por parte de los ciudadanos».
A continuación se resumen los diez puntos más importantes de esta ley.
1. Alquileres públicos en las nuevas promociones de viviendas
Las nuevas promociones de viviendas tendrán que tener una reserva del 30% de viviendas destinadas al parque público de viviendas, destinando la mitad de este porcentaje al alquiler social. Así, un edificio de 100 viviendas tendrá que reservar 30 para este fin, de las cuales 15 serán para alquiler social.
2. Ventajas fiscales para que los pequeños propietarios bajen los precios del alquiler
Los pequeños propietarios (con menos de 10 viviendas en propiedad) podrán beneficiarse de grandes descuentos e incentivos fiscales para rebajar el precio del alquiler de sus inmuebles. De hecho, se prevé una rebaja de hasta el 90% de las rentas obtenidas por los propietarios si bajan el precio del alquiler.
3. Más impuestos para las viviendas vacías
Para incentivar el alquiler de estas viviendas a las que llevan más de dos años vacías para los propietarios con más de cuatro viviendas en el mismo municipio, el Gobierno permitirá a los ayuntamientos aumentar el tipo de IBI de las viviendas vacías con un recargo de hasta el 150%.
4. Limitar los alquileres a los grandes propietarios
Los grandes propietarios, que son aquellas personas físicas o jurídicas que tienen más de 10 viviendas en propiedad (excluyendo garajes y trasteros) o con una superficie construida superior a los 1.500 m2, tendrán que adaptar el precio de sus alquileres al índice de referencia de la zona en la que se encuentre para aquellas viviendas que estén en las denominadas «zonas tensionadas», limitando el precio del alquiler al precio del contrato anterior.
5. Bonos de ayuda para jóvenes
El presidente del Gobierno anunció el martes que esta nueva normativa incluirá la creación de un «bono de vivienda para jóvenes» de 250 euros al mes durante los próximos dos años. Este bono beneficiará a los jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos laborales y una renta anual inferior a 23.725 euros. También informó de que, en los casos de las familias más vulnerables, este bono joven podrá complementarse con ayudas más directas al alquiler de hasta el 40% de su valor. Este bono de alquiler para jóvenes estará limitado por el precio del alquiler a pisos con una renta de 600 euros.
6. Regulación de los desahucios
Tanto los procedimientos judiciales como los contratos de alquiler cuando haya situaciones de vulnerabilidad. El objetivo es mejorar la comunicación entre los jueces y los servicios sociales para que sea más rápida y eficaz. De esta forma, se puede favorecer que los servicios sociales den una respuesta habitacional a los hogares vulnerables por parte de los ayuntamientos, las CCAA o el Estado.
Para dar tiempo a que se resuelvan estas situaciones, se amplía el plazo de los desahucios de uno a dos meses cuando el propietario de la vivienda es un particular y de tres a cuatro meses cuando es una empresa.
7. ¿Qué se considera una «zona estresada» en la ley de vivienda?
La declaración de un barrio o municipio como «zona tensa» dependerá del Estado y de cada Comunidad Autónoma, incluyendo en la revisión al Ayuntamiento del municipio donde se estudien estas zonas. Si una zona es declarada «zona tensa», tendrá una duración mínima de tres años, prorrogables año a año, para evitar una subida indiscriminada del precio de la vivienda en alquiler.
La condición para declarar una «zona tensa» será que el precio medio del alquiler en la zona sea superior al 30% de los ingresos medios de los habitantes del barrio en cuestión.
8. Creación de viviendas asequibles incentivadas
Viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector, a cuyo propietario la administración competente concede beneficios urbanísticos, fiscales o de cualquier otro tipo, a cambio de destinarlas a vivienda habitual en régimen de alquiler o cualquier otra forma de tenencia temporal, para personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precios de mercado.
9. Creación de un fondo de vivienda social
Una apuesta por un parque público de alquiler y una medida que el sector inmobiliario lleva reclamando desde hace años. Hay que recordar que desde 2015 se han creado en España unas 5.500 viviendas protegidas, de las que menos de 1.000 se han destinado al alquiler.
10. Imposibilidad de cambiar la calificación de las viviendas públicas
A partir de esta ley, el parque público de viviendas sociales se considera patrimonio, lo que significa que está protegido de forma permanente y no puede ser vendido. Esto ofrece protección a los hogares afectados por la posible enajenación de viviendas sociales que se ha producido hasta ahora.
Se establece la calificación indefinida de las viviendas protegidas, garantizando siempre un plazo de treinta años. Se establecen condiciones básicas a nivel estatal, definiendo un régimen de protección pública permanente para las viviendas protegidas que se desarrollen en suelo calificado como reserva. En el resto de los casos, se establece un periodo mínimo de descalificación de 30 años.
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