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Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España se incluye la nueva Ley de Creación y Crecimiento Empresas, conocida como Crea y Crece, dirigida a fomentar el dinamismo en el tejido productivo y responder a las demandas y recomendaciones de distintos organismos internacionales.
La Ley Crea y Crece, publicada en el BOE el 29 de septiembre de 2022, pertenece a la Ley 18/2022, una iniciativa que se engloba en el Plan de Recuperación y Resiliencia.
La ley tiene como objetivo el impulso a la creación de empresas y su crecimiento. Además, pretende agilizar los trámites para la constitución de sociedades, fomenta su crecimiento, generaliza el uso de la factura electrónica, establece medidas para luchar contra la morosidad en operaciones comerciales e impulsa la financiación alternativa.
Crear una empresa será más fácil y más rápido
Con esta nueva normativa se reducen los costes económicos de crear una empresa y se simplifican los trámites de constitución.
Así, se crea la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de sólo un euro en lugar de los 3.000 euros mínimos establecidos legalmente, lo que facilita el emprendimiento y permite utilizar estos recursos económicos en otros elementos necesarios para la puesta en marcha de la actividad.
Por otro lado, se puede constituir una sociedad telemáticamente a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que garantiza una reducción en los plazos para su creación y de los costes notariales y registrales.
Los notarios y otros intermediarios tendrán la obligación de informar de las ventajas de utilizar los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) y la red CIRCE.
Medidas para favorecer el crecimiento de las empresas
Con la nueva Ley se simplifica la legislación existente y se establecen procedimientos más ágiles.
Además, se amplía el catálogo de actividades económicas que no necesitan licencia y se refuerza la cooperación entre las Administraciones Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores para que se respeten los principios de proporcionalidad y necesidad.
Se realiza un cambio en la normativa en referencia a materia de unidad de mercado para que las empresas puedan ejercer su actividad económica en todo el territorio nacional.
Medidas para luchar contra la morosidad
Uno de los aspectos que más influye en el funcionamiento de las empresas es la morosidad pues afecta a la liquidez y la rentabilidad.
Por ello, esta norma incluye medidas para luchar contra este problema. Una de ellas es la obligación de emitir facturas electrónicas a empresas y autónomos. Con esta medida se puede controlar de manera más efectiva todo el proceso comercial desde la emisión de la factura hasta su cobro.
Además, las empresas que no cumplan con los plazos de pago no podrán acceder a subvenciones públicas o a la gestión de servicios de carácter público.
Por otro lado, se creará un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada que promoverá buenas prácticas y publicará anualmente un listado de empresas morosas en las que se incluirán todas aquellas que incumplan con lo establecido en la normativa.
También se incluye la obligación a las grandes empresas de indicar en sus memorias anuales el periodo medio de pago a sus proveedores y las facturas que se han pagado en un periodo inferior al establecido para la morosidad.
Se considera competencia desleal el incumplimiento de las normas contra la morosidad.
Refuerzo de la financiación
La nueva normativa incluye medidas para mejorar la financiación a través de sistemas alternativos a la financiación bancaria, como el crowdfunding y el capital riesgo.
La regulación nacional del crowdfunding se adapta a la normativa europea, flexibilizándola y aportando protección a los inversores. Además, se aumentan los umbrales de inversión en cada proyecto y se modifican los límites de inversión pudiendo, a partir de la entrada en vigor de la normativa, aumentar la inversión en cada uno de ellos.
Se amplían también el tipo de empresas que pueden invertir en capital riesgo, incluyendo a empresas financieras y de alto componente tecnológico.
Además, se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados que pueden invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales para financiar a compañías que tengan la estructura financiera deteriorada.
En cuanto a las Instituciones de Inversión Colectiva, ya no será obligatorio el informe trimestral y se realizarán las comunicaciones de forma telemática por defecto, flexibilizando el régimen de diversificación de inversiones de las entidades de capital riesgo. La nueva Ley Crea y Crece tiene el objetivo de impulsar la creación de empresas y su crecimiento a través de diferentes medidas incluidas en la normativa. Las principales se enfocan a facilitar la constitución de nuevas sociedades y fomentar su crecimiento, luchar contra la morosidad y facilitar formas de financiación alternativas a las obtenidas de las entidades financieras.
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